Los familiares de la tripulación del «Alakrana» se reunieron ayer con los presidentes del Gobierno español y la Audiencia Nacional, las dos instituciones que deben plantear una solución al secuestro. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no dio pistas sobre las vías que estudian y subrayó que será la Audiencia Nacional la que decida.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer que el Gobierno sigue trabajando «explorando todas las vías jurídicas, legales, para acelerar al máximo» la liberación del pesquero «Alakrana», secuestrado desde hace cuarenta días por piratas somalíes.
El jefe de la diplomacia española no dio pistas sobre estas vías y tachó de «especulaciones» el que se hable de un posible recurso a la Ley de Extranjería o de un acuerdo de extradi- ción con Somalia que permita enviar a ese país a los dos encarcelados en Madrid.
«Todas las vías jurídicas, legales, se van a explorar para facilitar la liberación. Estamos explorando todas esas vías y me van a permitir que sea prudente hasta que se adopte la vía definitiva», insistió.
Moratinos se expresó así en el Congreso de los Diputados tras participar en una reunión del comité de crisis del Ejecutivo sobre la situación del «Alakrana».
En todo caso, dejó claro que todo el Gobierno es quien está explorando vías, pero que será la Audiencia Nacional, en cuyas manos se encuentran los detenidos, la que decida. «No puedo decir en este momento la vía que el Gobierno apunte y luego la Audiencia decida. Es un tema judicial y no tengo elementos definitivos para clarificar cuál será una vía u otra», manifestó.
El ministro destacó que todos los actores tratan de buscar soluciones dentro del «respeto a la independencia del poder Judicial respecto del Ejecutivo».
Moratinos quiso insistir en que «no hay debilidad» por parte del Gobierno frente a los secuestradores, sino una mera «aplicación de la legalidad internacional y el Estado de Derecho». Así respondió a las palabras del embajador británico, Giles Paxman, quien afirmó que la posición del Gobierno británico es no ceder a las exigencias de los secuestradores. El ministro achacó sus palabras a que el diplomático británico «acaba de llegar» al Estado español.
«Se encuentran bien»
Por otro lado, el ministro explicó que el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, habló ayer dos veces con el capitán del barco, quien le trasladó que todos los tripulantes se encuentran bien, con agua y víveres, aunque «dentro de la tensión y preocupación tras cuarenta días de crisis».
Dentro de las gestiones diplomáticas, detalló que Martín Cinto habló de nuevo con el primer ministro de Somalia, Umar Abdirashid Ali Sharmarke, quien dijo que va a «instruir» a su ministro de Interior, Sheikh Abdiqadir Ali Omar, que es originario de la zona donde tiene lugar el secuestro, para «que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para ayudar a resolver esta situación».
Su implicación, dijo, es una «vía importante» y una «buena noticia», pero dentro de «los límites» que afronta el propio Gobierno en el país -del que buena parte escapa a su control-, y por ello volvió a pedir paciencia.
La reunión del comité de crisis tuvo lugar mientras en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodrí- guez Zapatero, recibía a los familiares de los tripulantes del «Alakrana», un encuentro que duró más de dos horas y en el que Zapatero les transmitió las iniciativas que está llevando a cabo el Ejecutivo, aunque ninguna de las partes detalló el contenido de la reunión.
En la Audiencia Nacional
Posteriormente, en el Congreso, el presidente español dijo que comprende la «grave inquietud» de los familiares y aseguró que el Ejecutivo «trabaja intensamente» para lograr la liberación. Anteriormente, los familiares se habían reunido con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.
Cristina Blach, hija del patrón del barco, y Argi Galbarriatu, hermana del capitán, que se reunieron durante poco más de media hora con Juanes para solicitarle la adopción de las medidas jurídicas necesarias para contribuir a la liberación de los marineros, no hicieron declaraciones porque se trata de un momento «muy delicado». El presidente de la Audiencia Nacional les explicó el procedimiento jurídico que el magistrado Santiago Pedraz instruye contra los dos presuntos piratas detenidos y les dio ánimos confiando en una pronta resolución del secuestro.
Los familiares acudieron al encuentro con Juanes con la intención de preguntarle por las opciones jurídicas que existen para que sean devueltos a su país para cumplir allí la pena que les sea impuesta, tal y como solicitan los captores.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió «no ventilar como altavoces, cómo órganos independientes del Estado», en referencia a la Audiencia Nacional, que «van a aplicar las leyes para lograr la liberación de la tripulación».
El juez Baltasar Garzón, que llevó a los detenidos en el Índico hasta la Audiencia Nacional, volvió a intervenir para mostar su «solidaridad y apoyo» a las familias. Opinó que el conflicto se encuentra «debidamente encauzado y atendido» y se mostró convencido de que «se solucionará favorablemente».
El abogado de uno de los somalíes detenidos propone la expulsión
El abogado defensor del presunto pirata Abdu Willy, detenido por el secuestro del atunero «Alakrana», propuso ayer que su cliente sea expulsado del Estado español en un plazo de tres días al ser considerado cómplice y no autor de un delito de «detención ilegal», al tiempo que aseguró que el fiscal «tiene las manos atadas y espera instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Gobierno».
El letrado, Francisco Javier Díaz Aparicio, se reunió con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, a quien reclamó que proponga al juez Santiago Pedraz que ejecute la expulsión de los dos somalíes para facilitar la resolución del secuestro.
No obstante, fuentes de la Fiscalía señalaron que no tenía previsto realizar ningún tipo de petición al juez. Díaz Aparicio explicó que, al ser cómplice y no autor de los secuestros, Abdu Willy sólo podría ser condenado a un máximo de seis años, por lo que podría ejecutarse su expulsión del Estado de acuerdo con la Ley de Extranjería.
Según el letrado, en caso de un acuerdo entre ambas partes el juez instructor debería aceptar al acuerdo y expulsar a los dos imputados, ya que la ejecución de esta medida sería la pena a aplicar.
«La propuesta se ajusta a la legalidad, nos parece sensata y creo que al fiscal también le parece sensata. Es una buena solución porque conlleva en la práctica la libertad de mi cliente. La defensa allana el camino en la medida de lo posible», afirmó. Por su parte, el juez Pedraz ordenó volcar las llamadas de los móviles que les fueron incautados a los somalíes tras su arresto para tratar de obtener pruebas de su participación en el rapto.
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