Pese al nuevo fallo de Estrasburgo, la mayoría sigue contra la ilegalización

Pese a que sus abogados no tenían todavía en la tarde de ayer ninguna notificación al respecto, desde el mediodía las agencias españolas de noticias daban cuenta de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha rechazado el recurso presentado por Batasuna contra la sentencia dictada el pasado mes de junio por la Corte que avaló su ilegalización.

De esta forma, el Tribunal de Estrasburgo declara, en aplicación del artículo 44.2 de la Convención, la firmeza del fallo dictado el pasado 30 de junio. Ni los abogados de Batasuna conocían los fundamentos y razones por las que la Corte ha rechazado su recurso ni las noticias difundidas los especificaban.

En su día, frente a las alegaciones presentadas por las formaciones independentistas sobre la conculcación de los dere- chos de reunión y libertad de expresión, el Tribunal de Estrasburgo respondió que «no tiene la tarea de sustituir a los tribunales competentes, sino comprobar, en términos del artículo 11, las decisiones que han hecho bajo su autoridad de evaluación». Y, sin entrar a analizar caso por caso las «pruebas» que se le han detallado, concluía que «la acción de los demandantes (HB y Batasuna) debe analizarse en su totalidad como parte de una estrategia para lograr su proyecto político, en esencia contraria a los principios democráticos defendidos en la Constitución. Esto cumple con los motivos de disolución establecido en el artículo 9, apartado 2 c) de la LOPP, es decir, complementar y apoyar la acción política de las organizaciones terroristas con fines de perturbar el orden constitucional o dañar gravemente la paz pública».

Pidiendo legitimación

La sentencia inicial de la Corte de Estrasburgo ya fue utilizada por los promotores de la Ley de Partidos y las ilegalizaciones para tratar de acallar las posiciones contrarias a estas normas y restricciones. Y ayer, nada más conocerse la inadmisión del recurso, volvieron a alzarse voces en el mismo sentido.

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, afirmó que la sentencia demuestra que «no hay operación de Estado» en la ilegalización de Batasuna. Consideró que la resolución de Estrasburgo obligará a «cambiar de pie» al PNV, porque cree que se ratifica «que no se ilegalizan ideas».

El presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, afirmó que los argumentos utilizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para avalar la ilegalización de Batasuna «deberían estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades del País Vasco». Añadió que «es una excelente noticia para conseguir la paz y la libertad porque quita excusas y argumentos al ámbito de Batasuna y también a aquellos partidos nacionalistas que les han venido apoyando en los últimos años».

Desde el PSE, su portavoz, José Antonio Pastor, aprovechó para señalar que el fallo «deja claro» que la Ley de Partidos es «perfectamente legal y democrática», por lo que instó a PNV a dejar los discursos de «deslegiti- mación» del Gobierno de Patxi López y entrar por «una senda de unidad entre todos los demócratas» para acabar con ETA.

Enmienda conjunta

Las declaraciones de Pastor van en línea con las intenciones anunciadas por el PSE anteayer. Hoy presenta una propuesta en el Parlamento de Gasteiz en apoyo al Gobierno autonómico en «su política de tolerancia cero hacia quienes apoyan al terrorismo totalitario de ETA», respaldando «las actuaciones del Estado de Derecho» y los tribunales y, en especial, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

Sin embargo, en la tarde de ayer, PNV, Aralar, EA y EB (que representan a 536.683 votantes, frente a los 486.493 que suman PSE, PP y UPyD) presentaron una enmienda conjunta en la muestran «su posición contraria a la Ley de Partidos, porque su aplicación ilegalizando organizaciones políticas limita y anula derechos fundamentales y libertades básicas como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación política y afecta, además, directa y negativamente a la convivencia de nuestro pueblo».

En el mismo texto, estos partidos declaran también «el carácter ilegitimo de la violencia practicada por ETA, el rechazo a la misma y la defensa inequívoca de los derechos humanos de todas las personas».

A través de una nota, el PNV reiteró su oposición a la Ley de Partidos y reiteró la idea de que el fallo pone «el contador a cero» para la izquierda abertzale, que debe «tener claro que el tiempo de ETA ha terminado». Para Aralar, esta sentencia es «conservadora y retrógrada. Antepone la seguridad a la libertad, haciendo suyos planteamientos ideológicos que de- fienden las fuerzas de extrema derecha». La secretaria de Comunicación de EA, Ikerne Badiola, denunció además que el Tribunal «deja fuera del juego político e institucional a miles de ciudadanos y ciudadanas».