Posición de ELA ante las trasferencias de empleo y la falta de trasparencia del Gobierno vasco

I- Propuesta de ELA al Gobierno vasco en junio de 2009.-ELA, en su documento de propuestas de actuación al Gobierno Vasco, entregado al Lehendakari Patxi López en la reunión celebrada en junio de 2009, recogía un apartado que hacía referencia a las competencias pendientes en materia de empleo y formación, en el que exigíamos:

1. Información y participación respecto a las posiciones del Gobierno Vasco y del Gobierno español.

2. No aceptar transferencias que no respeten el marco competencial. Ello supone:

Ø Se deben transferir las políticas activas y las pasivas.

Ø El modelo de las políticas que se desarrollen en los ámbitos de empleo, formación, inspección o salud laboral debe ser decidido en la CAPV, no aceptando ninguna transferencia que venga condicionada a la aplicación del modelo que se decida en el estado.

Ø Los ingresos de las transferencias (empleo, formación, salud laboral, seguridad social,...) tienen que venir acompañadas de la gestión de los fondos correspondientes, incluidas las cotizaciones sociales relacionadas con estas materias.

II- FALTA DE TRANSPARENCIA Y ANUNCIO DE ACUERDO

El Gobierno Vasco no ha dado respuesta a estas demandas, negándose a informar a ELA sobre su posición y la del gobierno español en relación a la transferencia. Esta falta de información y de transparencia es un hecho de enorme gravedad, que muestra el comportamiento antidemocrático del Gobierno en una cuestión, como las competencias de empleo y formación, que nos atañe directamente como trabajadores y trabajadoras.

El Gobierno Vasco anunció que habría un acuerdo para que el 1 de enero de 2010 se transfiriesen las políticas activas de empleo a la CAPV, sin concretar nada más. ELA ya dijo no encontrar motivos de satisfacción en este anuncio, más bien al contrario. La falta de información sobre dicho acuerdo ocurría y ocurre a la vez que el Gobierno español mantenía su posición respecto a las transferencia de empleo y formación:

· Se limita a las políticas activas de empleo, renunciando el Gobierno a la transferencia de las políticas pasivas (prestaciones por desempleo).

· Realizar la transferencia de las competencias de empleo y formación a la CAPV limitándola a la mera ejecución o gestión de las políticas decididas en el estado

· No aceptar que la administración de la CAPV ingrese las cotizaciones sociales relacionadas con estas materias ni, en su caso, transferir las cantidades recaudadas por las mismas a la CAPV.

Ningún Gobierno Vasco anterior ha aceptado la competencia de la forma que la pretendía realizar el Gobierno español. Ello no ocurrió ni siquiera cuando el Departamento de Trabajo estaba en manos del PSOE.

La falta de información que nos ofrece el Gobierno Vasco hace temer que quien haya cambiado de posición sea este Gobierno. De confirmarse la asunción de estas competencias aceptando las tesis históricas del Estado, el Gobierno Vasco estaría dando un paso atrás en la defensa del autogobierno, renunciando a realizar una política de empleo adecuada a las necesidades existentes en la CAPV, y se limitaría a seguir las líneas decididas en el Estado. También supondría asumir ser meros gestores de unas políticas de empleo ineficaces, que han llevado al estado español a la cabeza del desempleo en Europa.

El acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno español, según el cual "si esta transferencia se llevase a cabo antes de septiembre de 2010, lo será previo acuerdo con el grupo parlamentario del PNV en el Congreso" no resuelve el problema de fondo, ya que, en el mejor de los casos, lo único que supondría es un retraso de unos meses respecto a la fecha anunciada por los gobiernos español y vasco, sin suponer garantía alguna de que esa transferencia se haga en las condiciones adecuadas. Para ELA el problema no es una cuestión de plazos, sino que radica en el modelo de transferencia.

Cabe recordar, además, que la falta de transparencia también afecta a los trabajadores y trabajadoras que en las distintas administraciones prestan sus servicios en las materias de empleo y formación (incluidos sus derechos laborales que afectan hasta a la homologación de sus condiciones de trabajo).

III- POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL ESTADO: DEVALUACIÓN ESTATUTARIA, CENTRALIZACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL

Lo que ha pasado con las competencias de empleo y formación es un exponente de cómo el Gobierno español ha devaluado el marco estatutario de la CAPV. Sistemáticamente se ha negado a aceptar realizar una transferencia de forma que respete dicho Estatuto.

En los últimos años se ha producido una involución centralizadora en el ámbito de las políticas de empleo, ya que mediante leyes y acuerdos de formación se ha avanzado en la centralización de las competencias.

A la vez que todo esto ha ocurrido, estas materias han ido formando parte del denominado "diálogo social" español, que, partiendo del interés común centralizador, ha convertido la intermediación laboral y la formación en un ámbito de decisión de las organizaciones que conforman dicho diálogo, con la particularidad de que ellas deciden darse a sí mismas una parte muy importante de los recursos económicos públicos destinados a estos temas. De este modo, en la práctica, en lugar de aplicar políticas adecuadas se han primado otros intereses que nada tienen que ver ni con la creación de empleo ni con desarrollar un sistema de formación adecuado a las necesidades existentes en la sociedad.

IV- CREACIÓN DE LANBIDE

El proyecto de presupuestos de 2010 del Gobierno Vasco recoge una disposición adicional que supondría la creación de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, como Ente Público de Derecho Privado, con el objeto de gestionar las políticas de empleo que le sean encomendadas. Integraría en Lanbide los actuales medios del Gobierno Vasco en estas políticas (incluida Egailan), así como los medios que se traspasen del Servicio Público de Empleo Estatal.

Respecto a la creación de Lanbide, ELA rechaza que la misma se produzca mediante una Disposición Adicional en el proyecto de presupuestos, siendo este un cauce anómalo  tal y como insiste la Oficina de Control Económico en su Informe relativo al Proyecto de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales para 2010. Esto supone intentar evitar el debate propio respecto a una materia que debería ser tratada y debatida en una Ley de Empleo específica.

En relación al contenido, ELA considera sumamente criticable que se opte por la constitución de Lanbide como Ente Público de derecho privado en lugar de ser un Organismo Autónomo, lo que supondría estar regido por el derecho público (derecho administrativo). Las consecuencias de esta decisión son importantes por distintas razones, entre las que destacamos:

· La contratación de personal se podrá realizar de forma menos transparente. La opción prioritaria del gobierno para Lanbide es la de contratar personal laboral. De esta forma el ente público de derecho privado ofrece menor garantía de cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de personal. La propia Consejera de Empleo ha afirmado que con la fórmula de ente público de derecho privado la contratación de personal se hará de forma "más flexible".

· Habrá menos control en el desarrollo de las funciones correspondientes a los servicios de empleo- Por un lado, el control de la administración en los entes públicos de derecho privado es menor que en los organismos autónomos, como ha reiterado el Tribunal Vasco de Cuentas. En un tema como el empleo esta dejación supone una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno Vasco, ya que afecta al acceso a un servicio público en igualdad de condiciones por parte de las personas que se encuentran en situación de desempleo.

· Las políticas de empleo tienen que ver con la formación, la orientación, la intermediación en el mercado de trabajo y otras cuestiones relevantes, en las que en la práctica, existe una participación importante y creciente de empresas y entidades que tienen como objetivo ganar dinero prestando servicios financiados con dinero público y que deberían ser provistos por la administración. Que Lanbide se rija por el derecho privado en lugar de por el derecho administrativo, supone que habrá menos transparencia y control en la subcontratación y adjudicación de las diferentes materias que tienen que ver con el empleo. De esta forma se facilita la adjudicación arbitraria.

V- CONCLUSIONES

Como conclusión, ELA:

1. Mantiene las propuestas trasladadas al Gobierno Vasco en junio de 2009, recogidas en el apartado primero de este documento.

2. Exigimos una reunión urgente con el Gobierno Vasco para abordar estas transferencias.

3. Exige la retirada de la Disposición Adicional segunda del proyecto de ley de presupuestos de 2010 para que se abra un debate social sobre los contenidos que deben incorporarse a una Ley de Empleo, entre los que se debe recoger un Servicio Público de Empleo como Organismo Autónomo, regido por el derecho administrativo y garantista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.