Antes y ahora, era y es necesaria una transición democrática

Hace ya más de 30 años que se inició un período de sustitución del autoproclamado caudillo Francisco Franco por su heredero, Juan Carlos Borbón. Una etapa bajo la máxima de que «todo cambie para que todo siga igual». Por supuesto que, como la propia evolución del mundo, el posfranquismo ha ido adaptándose a los nuevos tiempos dejando atrás sus expresiones más impresentables y ofreciendo unos parámetros de libertad homologables, en parte, a los del «mundo civilizado». Pero sólo en parte porque, como ya predijo Bergamín, «muerto el perro (Franco), se murió el perro, pero no la rabia».

1939: La dictadura basó su sistema político en la prohibición de los partidos políticos y ya en 1937 se había establecido el partido único, la FET de las JONS, que vino a denominarse Movimiento Nacional. Javier Elola Díaz-Varela, magistrado del Tribunal Supremo durante la II República, escribía antes de ser fusilado en ese Año de la Victoria: «Las ideas no delinquen, sino las conductas...». Ahora: Los tribunales prohíben manifestaciones, cierran medios de comunicación, ilegalizan organizaciones sociales y partidos y ordenan detener y encarcelar a políticos por sus ideas de izquierdas e independentistas. La FET de las JONS sigue existiendo legalmente.

1978: El fundador de UPN, J. Aizpún, afirmaba que «es necesaria una política de España para Navarra... porque el problema de la unidad de España pasa por Navarra». Ahora: La derecha, representada por UPN, gobierna en Nafarroa con el apoyo del PSOE, desde hace más de una década, para defender al unísono el estatus de uniprovincialidad dentro del reino español. Le llaman «razón de estado».

1979: Algunos de los que defendieron el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero pregonaban: «hoy estatuto, mañana independencia», «con el estatuto, los presos a casa». Ahora: Los mayores valedores del Estatuto y el Amejoramiento, ambos pergeñados bajo la amenaza de los sables franquistas, son los herederos políticos del fascismo, aliados con el PSOE y los sindicatos UGT y CCOO.

1981: La muerte por torturas de Joseba Arregi, militante de ETA, y la publicación de fotografías que mostraban incluso las huellas de los cigarrillos aplastados en las plantas de sus pies, provocaron la indignación en todo el estado. Carlos Solchaga, el navarro entonces portavoz del grupo socialista vasco en el Congreso español, pidió la dimisión del ministro del Interior del gobierno de UCD con un brillante discurso contra esta lacra pre democrática. Ahora: Su torturador, recientemente muerto por causa natural, ha sido homenajeado por un batallón de la policía, a pesar de haber sido condenado por estos hechos. El gobierno del mismo PSE reprime las manifestaciones y la solidaridad con los presos, incumple las recomendaciones de la ONU contra la tortura y es anualmente cuestionado por Amnistía Internacional.

Antes y ahora: El despido es más barato y fácil que hace 25 años. Antes de 1976 se obligaba a readmitir al trabajador despedido si la sentencia dictaba improcedencia. Sólo duró un año. A partir de 1994 comenzó el verdadero recorte de derechos, sobre todo desde la aparición en escena de la figura del trabajador eventual.

En el año 2007, Díez Ferrán, presidente de la patronal española, pidió en su primera intervención ante la prensa la privatización total de los servicios públicos y proclamó: «La mejor empresa pública es la que no existe».

Antes y ahora: Cánovas del Castillo fue ejecutado en Arrasate por el anarquista M. Angiolillo en 1897. Cánovas, partidario de la esclavitud y de la unidad de España (colonias latinoamericanas incluidas) por la fuerza de los hechos (el Ejército español), es fuente de sabiduría para la fundación FAES del ex presidente J. M. Aznar, think-thank donde también ejerce como conferenciante el ex secretario general de CCOO, J.M. Fidalgo.

Antes y ahora: Treinta y cuatro años después de la muerte de Franco, abundan las calles en honor a falangistas, «mártires de la patria» y «caídos de la División Azul». Melitón Manzanas, colaborador de la Gestapo, terrible torturador franquista es, según el PP y el PSOE, una víctima del terrorismo. Por ello recibió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil con tratamiento de excelencia, ratificada por el Tribunal Supremo. Mandamientos judiciales ordenan retirar de los callejeros vascos los nombres de militantes vascos muertos en la época franquista por bandas parapoliciales, torturados o fusilados por órdenes de Franco.

Antes y ahora: Jaime Mayor Oreja afirma en una reciente entrevista que quienes defienden la memoria histórica y la negociación política con ETA«son los mismos». Quienes niegan la existencia de Euskal Herria utilizan idénticos argumentos que los golpistas del 36, mantienen influyentes cargos institucionales y no se ocultan. El actual régimen cuenta, por ejemplo, en el Tribunal Supremo con el juez Adolfo Prego, colaborador de la Hermandad del Valle de los Caídos y presentador de los libros negacionistas del franquismo de Pío Moa. Miguel Bernard Remón, presidente de Manos Limpias y secretario general del ultraderechista Frente Nacional, ha llevado la iniciativa judicial para la encarcelación de numerosos políticos vascos y la prohibición de manifestaciones con el aplauso de la mayoría de los medios de comunicación.

Ahora: Sufrimos el dogma de la «transición modélica». La evidencia en contra de esta interpretación es abrumadora. Padecemos una democracia poco desarrollada, con una encubierta, pero eficacísima, ley de «punto final» respecto a lo ocurrido en el genocidio franquista y con un sistema electoral que no permite a determinadas fuerzas políticas presentarse a las elecciones. Treinta años de transición para seguir con el gasto social por habitante más bajo de la UE-15.

Mañana: Contra los fascistas de ayer y de hoy debemos buscar la unidad de los movimientos populares, centrales sindicales y partidos políticos para que defiendan una transición hacia una democracia más presentable. Por eso son de agradecer los pasos dados por la mayoría sindical vasca, unida en una huelga general para luchar contra las consecuencias de la crisis y también para contestar la Ley de Partidos y las detenciones de militantes políticos. Un mañana más justo necesita de visión de país, de empatía y compromiso para un cambio político que nos permita salir de tantos años de sufrimiento. Como afirmara un veterano dirigente navarro, «sin exclusiones y asumiendo riesgos», para que todas las opciones tengan las mismas oportunidades y buscando la unidad en causas fundamentales como la memoria histórica, el derecho a decidir y la negociación como herramienta para solventar las diferencias.