El gobierno español ha decidido recortar el gasto público adoptando medidas de marcado carácter antisocial. Entre ellas están la congelación de las pensiones en 2011 o el recorte de los salarios del personal al servicio de las administraciones públicas. Todas contribuyen al deterioro de lo público, y están en el origen de la convocatoria de huelga general en el sector público realizada por la mayoría sindical vasca para el próximo día 25.
Estas medidas forman parte de un plan más amplio. En plena vorágine especulativa, quienes gobiernan en la Unión Europea han decidido saldar la crisis sin ningún cambio en el diseño económico. No se han cerrado las puertas a esa especulación, y se han dado cientos de miles de millones de euros a la banca para que todo siga igual. Esta situación evidencia la supeditación del poder político al poder económico, pues esta es la opción política fundamental.
Deberían cambiarse las políticas, creando empleo y dando una salida progresista a la crisis. Sin embargo, se ha optado por el peor de los caminos: el de los recortes que agravarán la recesión, aumentarán el desempleo, empobrecerán a la clase trabajadora, a la vez que se degrada la protección social.
El 21 de mayo de 2009 ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU convocamos una huelga general para exigir un cambio de las políticas. Si éstas no cambiaban -decíamos- vendrían los ajustes. Y el tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón: el cambio no se ha producido y los ajustes ya están aquí.
También nos hemos movilizado en marzo de este año para rechazar las reformas laborales y de pensiones. Al mismo tiempo, se han ido concretando más las intenciones del gobierno español en materia laboral: facilitar y abaratar el despido; extender los contratos basura entre la juventud; aumentar la flexibilidad y la precariedad laboral… Además, anuncian una centralización de la negociación colectiva, que supondrá, de llevarse a cabo, la imposibilidad de negociar convenios colectivos en Hego Euskal Herria. Se trata de un ataque frontal a los derechos laborales. Nos quieren robar los convenios; pretenden neutralizar nuestra capacidad de lucha por la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Se pretende imponer a la mayoría un diseño estatal que empobrece y que los trabajadores y trabajadoras vascas no queremos.
Las decisiones del gobierno español afectan, por lo tanto, también gravemente al ámbito económico y sociolaboral vasco, a los servicios públicos, a los derechos sociales y a las condiciones laborales. Los y las trabajadoras permanecen, por su parte, excluidos de participación y consulta sobre las cuestiones que les afectan, al amparo de un marco que nos niega la posibilidad de decidir sobre nuestros derechos. Hemos denunciado muchas veces esta realidad, constatando la necesidad de un marco dotado de los instrumentos necesarios que frene la imposición de un modelo de relaciones laborales y de protección social ajeno a la voluntad mayoritaria de la clase trabajadora vasca. Sin embargo, los actuales responsables institucionales vienen recorriendo el camino exactamente opuesto.
En efecto. Las políticas de los gobiernos de Hego Euskal Herria (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y Diputaciones Forales) son, en su gran mayoría, una copia de las que se aplican en Madrid. En materia fiscal se favorece aún más en nuestro ámbito a las rentas altas, empresariales y del capital. El nivel de gasto en sanidad, educación, servicios sociales o vivienda está a la cola de la Unión Europea. Gobiernos y diputaciones han aplicado con verdadero entusiasmo las recetas presupuestarias más conservadoras.
Desde que empezó la crisis esta orientación política, lejos de corregirse, se ha intensificado con recortes presupuestarios y una política fiscal continuista. Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra han puesto sus instituciones al servicio de las decisiones que se adoptan en Madrid.
No podemos dejar de mencionar el papel que está jugando el sindicalismo español. Las medidas anunciadas por Zapatero demuestran la esterilidad de un diálogo social diseñado para dar cobertura sindical a los ataques contra la clase trabajadora. El panorama es, si cabe, más agrio en la CAPV, donde el diálogo social se escenifica con la minoría sindical. No es casual que quienes participan en esas mesas, tanto en el estado como en la CAPV y Navarra, compartan que las decisiones fundamentales en materia social y laboral se tomen en Madrid.
Es hora ya de atender a las reivindicaciones expresadas por la mayoría sindical y los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, y que las decisiones sobre el modelo económico y social al que aspiramos puedan tomarse aquí.
En este sentido, creemos que los partidos políticos vascos no pueden ser meros espectadores. Deben optar entre asumir las imposiciones de Madrid o impulsar medidas urgentes frente a la crisis y en defensa de la clase trabajadora y la sociedad vasca en general. Esto requiere adoptar compromisos claros en la defensa de nuestros derechos laborales y sociales, en la defensa de un marco jurídico que nos permita decidir las políticas necesarias para garantizar esos derechos.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general a participar en la manifestación que va a tener lugar en Bilbao el próximo 12 de junio. Con esta movilización, la mayoría sindical pretendemos, más en concreto:
- Mostrar su rechazo y exigir la retirada inmediata tanto de las medidas antisociales anunciadas por el presidente del gobierno español la pasada semana, como de las reformas del mercado laboral, de pensiones y de la negociación colectiva.
- Exigir a las instituciones de Hego Euskal Herria un cambio de políticas, en la dirección de las demandas contenidas en el decálogo sindical, avalado por 132.000 firmas.
- Reivindicar un marco vasco de relaciones laborales y protección social que nos permita realizar, entre otras cosas, una mejor política de empleo, así como dotarnos de un marco de negociación colectiva blindado de ingerencias y una legislación laboral y social propia.
- Interpelar a las instituciones para que se posicionen públicamente sobre estas reivindicaciones, e instar a los partidos políticos vascos que cuentan representación en los ámbitos legislativos oportunos para que sus representantes se opongan con su voto a cuantas reformas contra la clase trabajadora puedan promulgarse.
LAB Bilbo, 19 de mayo de 2010
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