El Comité contra la Tortura de la ONU debate sobre la actuación del Estado español

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas está debatiendo sobre la actuación del Estado español en este tema. Durante las dos sesiones celebradas hasta el momento, los días 4 y 11 de noviembre, varios organismos que trabajan a favor de los derechos humanos como Behatokia, Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas han intervenido mostrando su preocupación sobre los casos de tortura y malos tratos.

La delegación de Behatokia compuesta por los abogados Julen Arzuaga e Iratxe Urizar denunció "la más absoluta inmovilidad" del Estado español en esta materia por la suspensión de derechos en base a la "lucha contra ETA". Arzuaga citó como ejemplo la defensa de la detención incomunicada que realizaron PSE y PP en un debate en el Parlamento de Gasteiz.

Por su parte, Urizar se refirió a la negativa de los tribunales españoles a investigar las denuncias de tortura, así como a la validez que se da en el proceso judicial a las declaraciones realizadas por los detenidos en régimen de incomunicación.

Delegación española

Entre hoy y mañana una delegación española compuesta por el embajador ante la ONU en Ginebra, Javier Garriagues, y representantes de varios ministerios responderán a las preguntas planteadas por el Comité contra la Tortura sobre las recomendaciones efectuadas por este organismo y las medidas adoptadas.

Entre las cuestiones planteadas por escrito se encuentran si han instalado cámaras de grabación en todas las comisarías, si se sigue manteniendo el régimen de incomunicación para los detenidos y si su número ha aumentado o disminuido. También le preocupa la dispersión de los presos vascos y la huelga de hambre de Iñaki de Juana.

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¿Se pueden denunciar con carteles los casos de tortura?

¿Es "enaltecimiento del terrorismo colocar un cartel en la calle con el lema "Euskal presoak Euskal Herrira"?. Son algunas de las preguntas que se hace  la Red Ciudadana por el Acuerdo y la Consulta, Lokarri, para quien es "una grave irresponsabilidad" que el consejero del Interior, Rodolfo Ares, realizara ayer un llamamiento a la ciudadanía a denunciar los símbolos que supongan enaltecimiento del terrorismo, algo que puede ser "excesivamente amplio y ambiguo".

Según Lokarri, la sociedad vasca "no necesita batallas", sino convivencia, y  "la definición de 'símbolos proetarras' es excesivamente amplia y ambigua". "Los propios tribunales no se han pronunciado de manera taxativa sobre esta cuestión. Es una irresponsabilidad dejar a la consideración de cada ciudadano cuándo se puede considerar un símbolo como alentador o justificador de la violencia", argumentan.

"El consejero Ares quiere trasladar su responsabilidad al conjunto de la ciudadanía vasca. Es llamativo que en uno de los lugares de Europa donde hay más efectivos policiales sea necesario que los propios ciudadanos tengan que convertirse en denunciantes de hechos supuestamente delictivos", añaden.

Lokarri cree que, "este tipo de llamamientos a denunciar actos delictivos es propio de estados totalitarios y nos retrotraen a épocas del pasado en las que se animaba a los ciudadanos a denunciar a sus propios vecinos (...) El lenguaje de Ares está cargado de belicismo y llamadas a la polarización. La paz no se construye con batallas sociales. En el camino hacia la paz, la sociedad vasca no necesita batallas ni estrategias de 'tolerancia cero', la sociedad vasca necesita convivencia y respeto a los derechos humanos".

 Para este colectivo, "transmitir la idea de que éste es el único camino para amparar a las víctimas es un grave error". "Se está empleando este argumento para tratar de impedir las críticas a las actuaciones del Gobierno vasco. El reconocimiento de las víctimas no es incompatible con la denuncia de otras vulneraciones de derechos humanos, como los que corresponden a las personas presas y detenidas", añade Lokarri.

Por ello, exigen al consejero de Interior "una rectificación de sus palabras y un cambio en su estrategia para conseguir la paz, superando las actitudes de 'combate' y apostando por medias que de manera efectiva contribuyan al entendimiento".

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Preocupación entre expertos contra la tortura por las denuncias de Behatokia

Los representantes de Behatokia Julen Arzuaga e Iratxe Urizar han intervenido en las sesiones de trabajo del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la actuación del Estado español a la luz de la Convención contra la Tortura.

Arzuaga ha denunciado la "suspensión de ciertos derechos" al amparo de la "lucha antiterrorista", un ámbito en el que "parece que actualmente diversos gobiernos del mundo se están sometiendo de una manera cada vez más responsable al imperio de los derechos humanos y el Estado español hace alarde de la más absoluta movilidad".

Ha relatado que, ante los debates sobre la revisión del régimen de la detención incomunicada –"principal origen de la tortura"–, los principales partidos políticos españoles "unen fuerzas para impedir que se pongan en práctica las más importantes recomendaciones de los organismos internacionales".

Arzuaga ha denunciado, en este contexto, la "criminalización inaceptable" de los profesionales que trabajan para prevenir la tortura. Ha utilizado como ejemplo una mención del informe de la delegación española defendiendo que los abogados y médicos de confianza, a los que sitúa en "el entorno de la propia banda armada", no deben asistir al detenido porque  "afectaría en ese momento clave de las primeras investigaciones".

"Incomunicación, primera investigación"

Ha subrayado que esa interpretación  como "primera investigación" vendría a demostrar que "la detención no se produce como efecto lógico de una investigación previa, metódica y científica y en suficiencia de pruebas, si no que, precisamente, la incomunicación es la primera investigación, momento durante el que se recabarán éstas, utilizando los malos tratos y tortura".

Esas declaraciones son utilizadas luego en los procesos contra los detenidos. "Al no producirse una investigación judicial eficaz, las autoridades judiciales interpretan sistemáticamente que no se ha constatado vulneración de un derecho fundamental por el tribunal competente para ello, por lo que esas declaraciones serán de pleno derecho", ha expuesto Iratxe Urizar.

Ha subrayado que la utilización de esas declaraciones constituye "el broche de cierre" que "da coherencia a todo un sistema que hace de la tortura un elemento eficaz, indispensable en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo".

La intervención de los integrantes de Behatokia ha generado preocupación en los expertos Grossman y Gaye, quienes no han ocultado su inquietud por la figura del indulto al torturador.

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Amnistía Internacional reclama un organismo independiente que investigue denuncias de tortura policial en España

Amnistía Internacional reclamó al Ministerio del Interior que instaure un organismo independiente que investigue las denuncias de tortura policial presentadas contra las fuerzas de seguridad en España, que pueda iniciar investigaciones por iniciativa propia y remitir el caso directamente a la fiscalía, además de gozar de todos los recursos, competencias y atribuciones necesarias para llevar a cabo su función sobre presuntas violaciones de derechos humanos...



El informe 'España: Sal en la herida. Impunidad policial dos años después' que presentó este martes el director de esta organización en España, Esteban Beltrán, repasa la "falta de investigación" sobre los casos que sacó a la luz hace dos años y las novedades que se han producido en la lucha contra la tortura y los malos tratos en España.

Beltrán destacó que la investigación y la sanción por tortura y malos tratos "sigue siendo una agujero negro por el cual se cuela la impunidad casi absoluta", consecuencia, según indicó, de deficiencias estructurales "alarmantes y no reconocidas" y de la falta de voluntad de ésta de investigar, situación que se refleja, "sobre todo", en el "altísimo grado de sobreseimiento" que se produce.

En concreto, las deficiencias estructurales a las que se refirió se deben a la falta de voluntad política de los Gobiernos en perseguir a los torturadores, "a veces incluso les recompensa"; los mismos cuerpos de policía que dirigen la investigación son los denunciados; hay falta de colaboración de las fuerzas de seguridad con las autoridades judiciales, se presentan contradenuncias por agresión; y falta de imparcialidad en los tribunales que llevan a cabo estas investigaciones.

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