La negociación política no se excluye a largo plazo, pero se sobreentiende que resultará de la acumulación pacífica de fuerzas nacionalistas
EL documento de Alsasua de la izquierda abertzale ha evocado explícitamente los Principios Mitchell como guía de actuación. Se impone pues describir qué significaron estos Principios en el caso irlandés y qué significaría su trasplante al caso vasco.
A fines de 1995, dos años después del documento de Downing Street de los gobiernos irlandés y británico, cuando el alto el fuego permanente declarado por el IRA en julio de 1994 comenzaba a tambalearse, Londres aceptó la formación de un Cuerpo Internacional sobre el Decomiso de las Armas presidido por el Senador de Estados Unidos, George Mitchell. El Mitchell Report, publicado en enero de 1996, propuso sustituir la violencia por la negociación política y formuló unas condiciones concretas para la admisión de todos los partidos en las conversaciones. Estas condiciones, conocidas como los Principios Mitchell, consistían en el compromiso de los partidos con:
a) Los medios democráticos y exclusivamente pacíficos para resolver los problemas políticos.
b) El total desarme de todas las organizaciones paramilitares.
c) Tal desarme debía ser verificable por una Comisión Independiente.
d) Renunciar y oponerse a todo intento de usar la fuerza o amenazar con usarla a fin de influir en el curso de las negociaciones de todos los partidos.
e) Recurrir a medios democráticos y exclusivamente pacíficos para intentar modificar cualquier aspecto de lo discutido en las negociaciones de todos los partidos.
Según los Principios, pues, los únicos medios para resolver los problemas políticos y para intervenir en las discusiones debían ser los medios democráticos y exclusivamente pacíficos. Me interesa destacar las menciones al desarme y al uso de la fuerza.
El punto d) coloca un cortafuegos entre las negociaciones de los partidos y el uso de la fuerza o la amenaza de usarla para intervenir en ellas. Esto es importante, pues quiere decir que toda fuerza política que se adhiera a los Principios Mitchell debe renunciar explícitamente a toda estrategia político-militar. Ello pone de relieve la incongruencia de vincular la declaración de Alsasua con el mantenimiento de tal estrategia.
Los puntos b) y c) ponen en relación el desarme -total- de las "organizaciones paramilitares" con la formación de una Comisión Independiente. Este proceso se enmarcó en Irlanda del Norte en una secuencia histórica de varios años de duración, lo que invalida igualmente toda exigenciacaga-prisas de entrega inmediata de las armas.
Los Principios Mitchell sobrevivieron a la ruptura del alto el fuego que tuvo lugar apenas un mes más tarde, en febrero de 1996, sustentando el proceso real de paz que se reanudó en junio de 1997 con el Gobierno Blair. Se creó entonces una Comisión Independiente Internacional sobre decomiso de las armas presidida por el general canadiense De Chastelain. Surgió un contencioso entre quienes reclamaban la entrega de las armas como condición previa -los unionistas y, hasta cierto punto, el gobierno británico- y quienes propugnaban la simultaneidad del decomiso con la entrada en vigor los Acuerdos de Stormont de abril de 1988 -a grandes rasgos, las fuerzas republicanas e irlandesas-. Pero al no infringirse ninguno de los Principios Mitchell, el proceso de paz siguió su curso.
El IRA ordenó oficialmente el abandono de las armas en julio de 2005, 9 años más tarde de la declaración de Mitchell; en septiembre de este año se procedió en secreto y ante la Comisión Internacional, con la presencia del cura católico Alec Reid y de un pastor protestante, a la destrucción de su arsenal. El decomiso de las armas de los paramilitares lealistas todavía ha sido más tardío, ocurriendo hace apenas unas semanas.
Si se comparan los contextos irlandés y vasco de la aplicación de los Principios Mitchell, una diferencia esencial salta a la vista: mientras que en Irlanda del Norte fueron la condición para que los partidos participaran en un proceso de paz con un contexto político abierto -modificado en efecto por el Acuerdo de Stormont de 1998-, ninguna perspectiva de este tipo se dibuja de momento en el horizonte vasco.
El Gobierno español está cerrado a toda apertura de un proceso de paz y mantiene intacto su arsenal criminalizador de organizaciones políticas; de su actitud hacia la plurinacionalidad del Estado es botón de muestra, por ejemplo, la singladura actual del Estatut catalán. Ello se completa con un perfil hostil de la Jerarquía de la Iglesia ante el nacionalismo vasco y con una toma de postura de Europa ante el contencioso vasco mucho más cerrada que ante el irlandés, relacionado finalmente, contrariamente a lo que ocurre en el caso vasco, con identidades en conflicto, la unionista y la republicana, vinculadas a dos Estados miembros de la Unión Europea.
La izquierda abertzale parece haber sacado las debidas consecuencias y se está movilizando para crear un polo soberanista más que para emprender un proceso de negociación política. Ésta no se excluye a largo plazo, pero no aparece en la primera fila de la escena; se sobreentiende que será el resultado de una acumulación de fuerzas nacionales vascas de carácter pacífico y democrático.
¿Qué quieren decir los Principios Mitchell en esta coyuntura? Que tal objetivo se intentará conseguir por medios exclusivamente democráticos y pacíficos, que se renuncia para crear tal polo al uso de la fuerza o a la amenaza de usarla, véase a toda estrategia político-militar, y que ello se inscribe en el horizonte del total desarme de ETA.
¿Existe una estrategia concertada político militar ETA-izquierda abertzale para conseguir tal objetivo, como dicen el gobierno español y los partidos y medios que han asumido tal tesis -prácticamente todos- a fin de justificar la represión y las detenciones? ¡Ojalá fuese así, pues ello significaría que ETA habría aceptado en su totalidad las consecuencias de los Principios Mitchell!
Lo que yo creo es que existen tensiones a todos los niveles, entre los que apuestan por esta vía y los que sienten deseos de venganza (que aumentan tras cada macro-redada); pero creo también que predominan afortunadamente los primeros, esto es, aquellos que en el colmo del desatino fueron encarcelados por abrirla. Puedo imaginar, sin estar en secreto de los dioses, que existen fuertes tensiones en el seno de ETA entre los partidarios de la inercia y los que creen llegado el momento de pasar página y dar por concluida la estrategia político-militar. En todo caso, la enorme manifestación que respondió a la redada de los dirigentes civiles y el eco positivo que el Manifiesto de Alsasua está teniendo en las organizaciones vascas son la mejor baza a favor de la potenciación de la apuesta por las vías pacíficas y democráticas.
Pero hay dos posibilidades -y vuelvo aquí a diferir radicalmente de partidos y medios del Estado- que serían un auténtico desastre. Una, que se produjera una escisión en ETA; otra, que los partidarios de la vía Mitchell manifestaran abiertamente su ruptura con ella. En ningún proceso de paz (África del sur, Irlanda del Norte) ha ocurrido tal cosa, porque ello destrozaría toda posibilidad de solución del conflicto. Los partidarios de la vía Mitchell, dentro y fuera del grupo armado, deben llevar a cabo una política de presión constante y de persuasión que permita a los dos barcos llegar a puerto al mismo tiempo.
¿Qué se quiere si no? ¿Una ETA minoritaria y radicalizada desconectada de todo medio civil que responda con palos de ciego a cada golpe represivo in secula seculorum? Puede haber gente en España que apueste maquiavélicamente por ello; pero tal cosa sería un desastre desde el punto de vista democrático para los vascos y también para los españoles. Cuando gente como Brian Currin alertan contra esa posibilidad hablan con el bagaje de la experiencia y con el lenguaje del simple sentido común.
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